El 2 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015 de del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que establece una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados. Esta Ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa y, por su carácter común resulta de su aplicación a todas las Administraciones Públicas y respecto a todas sus actuaciones. Cabe destacar, entre otras medidas que entran en vigor, la consideración de los sábados como día inhábil y la obligatoriedad de comunicarse con la Administración por medios electrónicos, así como un conjunto de disposiciones relativas a la puesta en marcha de la administración electrónica. Para facilitar su estudio, el Gabinete de Estudios ha elaborado un especial con documentos de interés.

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