La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), junto a su entidad colaboradora Tarinas Consulting & Learning, ha celebrado una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria sobre “Aplicaciones prácticas: la nueva normativa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”. 

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha inaugurado, como cada año, esta mañana su Curso de Verano en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Han presidido la inauguración el Director de la Agencia Tributaria Cántabra, Pedro Pérez Eslava, así como José Ignacio Alemany Bellido, Presidente de la AEDAF y Antonio Relea Sarabia, Delegado Territorial de la AEDAF en Cantabria. 

Tras el acto, la AEDAF y Lefebvre-El Derecho han presentado el libro de Esaú Alarcón, “La obligación tributaria de información sobre activos en el extranjero”

Los asesores fiscales han presentado su análisis sobre los tipos efectivos de gravamen que soportan las empresas españolas, “Los tipos efectivos del Impuesto sobre Sociedades en España”

La AEDAF presentó ayer en Sevilla y esta mañana en Málaga el programa de actividades conmemorativas de su 50º aniversario. Ambas jornadas han incluido también un detallado análisis de los retos del asesor fiscal en la economía digital a cargo de Helena Pujalte, Directora del Gabinete de Estudios de la AEDAF

El pasado viernes 13 de enero, la Agencia Tributaria (AEAT), a través de su página web, divulgó un “comunicado” titulado “los aplazamientos a los autónomos tras el Real Decreto-ley 3/2016” que merece las siguientes consideraciones:

• Comienza indicando que el Real Decreto-ley 3/2016 “eliminó la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de tributos como el IVA, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas”, tal y como taxativamente predica el artículo 65.2.f) Ley General Tributaria en la redacción dada por ese Real Decreto-ley, hoy ya convalidado parlamentariamente.

• Sin embargo, en su apartado “Incidencia de la medida para los autónomos”, la exigencia de esa prueba del impago de las cuotas repercutidas sólo se exige a aquellas solicitudes de aplazamientos superiores a 30.000€, y no para las inferiores a este importe.

La AEDAF valora positivamente que las instancias públicas reaccionen ante las lógicas quejas de aquellos colectivos perjudicados por una reforma tan perniciosa como la incluida en el citado Real Decreto-ley pero, simultáneamente, no puede ocultar su preocupación ante el modo como el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha gestionado este asunto:

1. Un “comunicado” no es un instrumento normativo y, por tanto, no es el vehículo válido para canalizar una decisión con vocación de aplicación general y vinculante.

2. Aún más grave es que, en cualquier caso, este posicionamiento público de la AEAT vulnera literalmente lo dispuesto en el artículo 65.2.f) de la Ley General Tributaria.